El discurso político se apropia de términos económicos y burocráticos con la finalidad de dar la apariencia de formalidad y legitimidad, se presenta ante la opinión pública como el garante de lo que debe ser la política, a la vez que excluye cualquier otra organización o acción que no se adecue a su planteamiento. Es como decir que ellos son la política y que se conducen por la única vía posible descartando toda alternativa. Sin embargo no presentan ni una sola prueba de lo que afirman y se limitan a la simple enunciación de la intención de causar un efecto, pero sin contrastar los resultados. Es decir, cuando se afirma “Así se demuestra la utilidad y necesariedad de la política, como servicio público y atención a los problemas de los ciudadanos” se supone que lo que se dice ha sucedido y por tanto se pueden presentar datos que lo avalan. Pero según parece, hay políticos expertos en retórica que no requieren de ninguna demostración y para los que sobran las explicaciones. Será que saben lo que al público interesa o que ya dispone de suficiente información como para agobiarlos con datos.
Pero si tenemos en cuenta el significado literal de las palabras presentes en el discurso en relación al problema del desempleo, es obligado establecer categorías y/o unidades de medida para evaluar cómo se materializan en la práctica. La referencia a la utilidad (satisfación) y necesariedad (necesario) no determinan un resultado, si no se especifica con qué recursos se presta el servicio público y como se evalúa. Esta disparidad fáctica se produce por la confusión precisamente entre política y servicio público, que si bien guardan relación no representan lo mismo. Es decir, la política promueve, dirige y coordina los servicios públicos, pero no es el servicio público en si mismo, que debe encomendarse a un trabajador especializado que presta la atención efectiva a los ciudadanos, es decir, garantiza un derecho de forma ecuánime. El problema que se plantea es la usurpación que los políticos pretenden hacer de los profesionales públicos, dado que estos servicios y recursos ya existen y para los que bastaría realizar la tarea de coordinación y no la instrumentalización a la que acostumbran.
En este sentido “la utilidad y necesariedad de la política” no representa lo que debiera ser, es decir, la coordinación eficaz y el aprovechamiento eficiente de los recursos públicos. Si la política no desempeña esta tarea, sea por ignorancia, dejadez o interés particular, está claro que ni es útil, ni necesaria, sino más bien un obstáculo para la ciudadanía activa, que de disponer de los medios se bastaría para dar respuesta a sus problemas. Queda demostrado que la política tal como es concebida por ciertos políticos, que desprecia la participación y se sirve de los recursos públicos para sus fines particulares, no aporta soluciones a los problemas de los ciudadanos, sino que más bien resultan un problema añadido. Como ya hemos advertido anteriormente, ciertos políticos elaboran un discurso adornado de palabras que pudieran parecer que responden a las demandas de la ciudadanía, pero que en realidad sólo tienen la finalidad de ocultar la verdadera intención, mantener el control de los recursos públicos para un uso partidista que le permitan continuar en el poder.
Asociación Cultural Ciudad Educativa 